A- de 2024

Conflicto de jurisdicción entre el Juzgado 26 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bucaramanga y el Cabildo Indígena Murui-Muina.

Suscita la controversia, investigación penal adelantada en contra de una ciudadana, miembro de comunidad indígena, por la presunta comisión del delito de “extorsión en grado de tentativa”, por supuesto envío de mensajes y realización de llamadas a un ciudadano para exigir una suma de dinero y brindar información para recuperar un vehículo hurtado.

Luego de verificar el cumplimiento de los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo para la configuración de un verdadero conflicto entre jurisdicciones, la Sala Plena hace el análisis ponderado de los elementos o factores establecidos por la jurisprudencia para poder asignar la competencia.

En el presente caso el factor personal se satisface.

El gobernador del Cabildo Indígena Murui-Muina comunicó que la acusada sí pertenece a la comunidad e incluso está censada.

Sobre el elemento territorial, se concluye su no cumplimiento, por cuanto los hechos investigados, según escrito de acusación, sucedieron en Bucaramanga, mientras que los límites geográficos del Cabildo, están en la zona sur de la Amazonía colombiana sin que se haya insinuado siquiera la existencia de despliegue cultural de la comunidad en la ciudad de Bucaramanga.

Acerca del factor objetivo, el mismo no es determinante.

El delito que se imputa tiene por bien jurídico tutelado el patrimonio, que afecta a una y otra comunidad.

Para el Cabildo Murui-Muina la conducta investigada va en contravía de las costumbres de la comunidad y, por ende, es de sumo interés conocer del asunto.

Para la sociedad mayoritaria el delito de extorsión es de especial nocividad, jurisprudencialmente sido considerado un delito pluriofensivo que no solo menoscaba el patrimonio económico, sino también, la libertad de autodeterminación, quebranta o afectan, en forma grave y ostensible, valores y derechos inalienables del ser humano como la vida, la dignidad, la libertad personal, la intimidad, el libre desarrollo de la personalidad, la libre circulación, el trabajo, la familia, la libre participación ciudadana y la paz, todos amparados por la Constitución Política y las leyes.

Al hacer un análisis más riguroso del factor institucional, no advierte la Sala que se haya hecho referencia sobre cómo se garantizan los derechos de la víctima, quien no pertenece a la comunidad, para brindarle garantías que afiancen su participación en el proceso y el respeto de sus derechos, con reconocimiento de su identidad cultural.

La Corte decide asignar la competencia a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad penal y dispone el envío del expediente al Juzgado 26 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bucaramanga para que continúe con el trámite del referido proceso penal.